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HOYes.tvHOYes.tv | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 23 abril 2014

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¿Barrios para la convivencia?

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Badajoz Los Colorines

Trabajo: Los talleres que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura en este barrio pretenden ser una salida para los jóvenes que allí habitan. La escuela se ha asentado en la plaza Nicolás Díaz Perez (en la foto), una zona conflictiva y con alto grado de delincuencia, donde las actividades se han hecho respetar y han conseguido que los vecinos vean una oportunidad para conseguir empleo e integrarse en la sociedad.
Plasencia La Data

Proyectos: El Ayuntamiento tiene previsto abrir, en el plazo de un mes, una ludoteca que se sumará a la biblioteca Gabriel y Galán, y adecuará locales para la sede vecinal.
Cáceres Aldea Moret

Desahucios: La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento han ejecutado en los últimos dos años varios desahucios para recuperar viviendas sociales ocupadas ilegalmente y reparar el evidente deterioro de los pisos.
Barrios para la convivencia es el poético nombre que la Junta de Extremadura eligió hace dos años para enfrentarse a la dura realidad que cada día se asoma a las calles de cuatro zonas conflictivas de la región: Los Colorines (Badajoz), Aldea Moret (Cáceres), San Lázaro (Mérida) y La Data (Plasencia). Esta semana, la Administración autonómica ha hecho balance y ha renovado algunas de las actuaciones con las que intenta mejorar la convivencia y elevar la dignidad de los barrios con la reforma de sus calles y sus viviendas.

En esta tarea se llevan invertidos 18 millones, según los datos facilitados por Fomento, y el Consejo de Gobierno del viernes aprobaba la gestión, por importe de 2,5 millones, del programa Renacimiento II, destinado a ocupar a personas desempleadas y con problemas de exclusión social para que trabajen en la propia recuperación de estos barrios.

Hasta ahora, 140 vecinos se han formado en distintos oficios a través de las cuatro escuelas taller creadas. El acondicionamiento de los edificios ha sido una de las principales tareas, reformas integrales en muchos casos: normalizar enganches eléctricos ilegales, tomas de agua peculiares, arreglo de zonas comunes degradadas. Actuaciones llevadas a cabo tras los desahucios o la entrega de llaves más o menos voluntarias por parte de ocupantes ilegales. Hasta 300 viviendas sociales han sido recuperadas.

«Tengo mucho cariño a Aldea Moret, pero hay personas que no están acostumbradas a las normas de convivencia», asegura el director del colegio público del barrio cacereño, Gabriel Solano. Quizá por ello, los avances aún no son demasiado visibles, porque lo intangible, el aspecto educativo y formativo, camina más lento.



BADAJOZ

Los Colorines

La reproducción de Las Cuestas

Fue entre los años setenta y ochenta cuando la Junta de Extremadura decidió crear unas viviendas provisionales en la zona conocida como Las Cuestas de Orinaza para acoger a aquellos vecinos de Badajoz que se encontraban sin hogar o bien el inmueble que habitaban no estaba en buenas condiciones. Más de 400 familias llegaron a convivir es este lugar ubicado a las afueras, junto a la carretera de Campomayor. Lo que en principio iban a ser casas temporales se convirtieron en fijas y empezaron a ser ocupadas de manera ilegal, lo que provocó que la droga y la delincuencia se hicieran las dueñas de todo.

Al ser conscientes de que la situación se les había ido de las manos, a la Junta se le ocurrió sacar a las familias 'normales' de esa zona y realojarlas en Los Colorines -situados muy cerca-, para que pudieran seguir adelante con sus vidas. Al mismo tiempo, tiró todos los pisos de Las Cuestas para acabar con el gueto que allí se había creado.

Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que la Administración regional se diera cuenta de que se había equivocado, puesto que los problemas de Las Cuestas se trasladaron a Los Colorines, de manera que el tráfico de estupefacientes y la inseguridad en las calles volvieron a reinar.

Ni los carteros ni los taxistas se atrevían a subir al barrio, la delincuencia estaba a la orden del día. La Policía Local no acudía sin refuerzos de la Nacional, y cualquier acción que se llevara a cabo requería de un alto número de antidisturbios. Toda precaución que se tomara era poca para visitar la zona. Era un mundo aparte.

Actualmente la situación parece que ha mejorado, aunque muy tímidamente. Todavía sigue habiendo familias que viven de la droga y que de vez en cuando quieren dejar claro quien manda allí. Y todavía los más de 900 vecinos que habitan Los Colorines carecen de los servicios básicos que tiene cualquier otro barrio de Badajoz, como el alumbrado o las señales de tráfico. No obstante, hay muchos vecinos que están luchando con todas sus fuerzas para sacarlo adelante.

Para ello, están contando con la ayuda de la Junta, que poco a poco va acabando con las ocupaciones ilegales y está intentando que surjan comunidades en cada bloque. Uno de los proyectos que más ha beneficiado a Los Colorines en el último año ha sido la escuela taller, que empezó en marzo de 2007 y finalizó hace una semana. Cuarenta jóvenes del barrio se han formado en cuatro especialidades: albañilería, jardinería, peluquería y electricidad. El siguiente paso es conseguir que entren a formar parte del mercado laboral, hecho con el que desde la Administración regional se han comprometido al cien por cien.

También surgió el pasado año una cooperativa de limpieza puesta en marcha por cuatro mujeres y residentes en la zona que se encargaban de los portales de las viviendas sociales de la Junta. La idea funcionó unos meses, pero después se estropeó por la falta de organización de los responsables políticos. No obstante, la intención es que resurja.

Unas de las voces que más ha sonado, y suena, desde Los Colorines es la de Antonio Chacón, presidente de la Asociación para la Recuperación del barrio, que está cansado de denunciar que allí, a menudo, se celebran carreras ilegales.

CÁCERES

Aldea Moret

De barrio trabajador a zona conflictiva

«Aldea Moret es un barrio normal. Hombre, si vas al bloque C de la calle Ródano así con una cámara de fotos, lo normal es que si te descuidas, te la quiten». Quien expresa este peculiar sentido de la normalidad es un vecino gitano de mediana edad, bien relacionado con payos, residente en Aldea Moret, el barrio más conflictivo de Cáceres. Pero en Aldea Moret, como si fuera una matrioska, las muñecas rusas que guardan otras muñecas en su interior, viven muchos barrios, y mucha gente: el padrón municipal refleja 6.834, pero se calcula que la población real supera los 8.500 habitantes. Por eso, han llegado a convivir hasta cuatro asociaciones vecinales (Santa Bárbara, Santa Lucía, La Esperanza y Unión Explosivos), reflejo del peculiar modo en que se ha ido creando este barrio ligado a la minería. Desde 1880 Aldea Moret fue recibiendo gente humilde, procedente del campo, llegada a Cáceres para trabajar en las minas, hasta que la última cerró en 1960. Durante un siglo, un barrio sin excesos, pero digno. En 1985 comenzó el otro fenómeno socioeconómico que ha marcado su historia: la construcción de viviendas sociales, hasta 1.100, donde mayoritariamente se fue realojando a quienes aún practicaban el chabolismo en distintos suburbios de Cáceres. La Junta ya ha reconocido que esa política resultó un error, y en los dos últimos años se ha lanzado a un plan de desahucios para recuperar casas ocupadas ilegalmente y devolver las condiciones higiénicas a las zonas comunes de los pisos, como el popular bloque C de la calle Ródano. Yonkis en busca de su dosis, automóviles conducidos por personas sin carné o sin seguro y fogatas en la vía pública son materia policial habitual de esta parte nueva del barrio.

«El problema es que no se respetan las normas de convivencia, que no se valoran los lugares comunes, y la calle es un lugar común», asegura Gabriel Solano, director del colegio público Gabriel y Galán, donde el 80% del alumnado es de raza gitana. «Dentro del colegio es otra historia, no tenemos conflictos de convivencia ni de violencia escolar, aunque sí más absentismo», reconoce. Arístides García, de la Asociación Socio-Cultural, admite esfuerzos por parte de la desaparecida Agencia de la Vivienda. «Sus actuaciones tuvieron un impacto, pero desde que pasaron las elecciones, la cosa se ha vuelto a parar y la basura vuelve a acumularse en los portales». «Hay un problema de convivencia, aunque cueste decirlo».

MÉRIDA

San Lázaro

Heredero de un barrio marginal

El caso de San Lázaro podría valer como ejemplo de un fracaso de la política tradicional de realojo. El barrio surgió hace más de diez años tras la desaparición de La Paz, un conjunto de albergues que a mediados del siglo XX se instalaron de forma provisional como paso previo para ofrecer una vivienda digna a personas con pocos recursos, pero que estuvo en pie más de 30 años.

Con el tiempo, este espacio se convirtió en un foco de marginalidad poco habitable, lo que llevó a la Junta a derribar 650 casas y a levantar viviendas sociales para alojar a los desplazados. El proceso se trató con sumo cuidado y se procuró repartir a los afectados entre distintas zonas con el objetivo de evitar la creación de un nuevo gueto. Sin embargo, los resultados fueron dispares.

Parte de los realojados encontraron sitio en la nueva barriada de San Lázaro, a pocos metros de La Paz. Los primeros problemas empezaron poco después de la entrega de las viviendas, ya que prácticamente se cambió de sitio el foco de marginalidad y delincuencia. Muchos se plantean ahora que un control más severo entonces hubiera evitado la situación actual. El barrio es ahora uno de los grandes focos de distribución de droga de la región y alberga operaciones policiales antidroga cada pocos meses.

Con el tiempo, la zona se fue aislando del resto de la ciudad, a lo que ayudó su situación geográfica entre tres barreras: el arroyo Albarregas, la travesía de la N-630 y el acueducto de San Lázaro. El barrio no era un lugar de paso, lo que supuso la creación de unas normas de convivencia paralelas, en ocasiones favorecidas por la falta de servicios. Basta un ejemplo: hasta hace poco, sus calles carecían de señales de tráfico, de modo que todo estaba permitido. También se fue degradando la presencia policial, la limpieza, el cuidado de los jardines, el mantenimiento del mobiliario urbano...

Cuando las administraciones públicas trataron de actuar, ya era tarde. Recientemente ha surgido un movimiento vecinal que, bajo el lema 'Ya nos toca', ha tratado de impulsar desde dentro la regeneración del barrio. Actuaciones como la apertura de centros sociales, la limpieza de fachadas y la creación de un equipo de fútbol para chavales han introducido un nuevo concepto de participación.

Al mismo tiempo, la Junta de inició la reparación de bloques de viviendas y zonas comunes, una inversión que, de momento, ha conseguido desterrar entre los vecinos la inquietante sospecha de un nuevo derribo y realojo.

Pero la iniciativa más ambiciosa que ha puesto en marcha la Administración regional es el denominado Mérida III Milenio. El proyecto consiste en construir sobre los antiguos terrenos de La Paz una nueva sede para seis consejerías, así como otros edificios públicos (guardería, Palacio de Justicia y Comisaría de Policía Nacional, entre otros) y cerca de 500 viviendas del Plan 60.000 euros. Los primeros pisos ya se han entregado, pero el resto está aún en obras. Sólo el tiempo dirá si esta medida ofrece una solución definitiva a la integración social de San Lázaro.

PLASENCIA

Polígono La Data

Mejora el barrio y la convivencia

Las tensiones y problemas de convivencia entre los residentes de las 320 viviendas sociales de las avenidas de Rubén Darío y de Gabriel y Galán son ya parte del pasado. Las decenas de desalojos ejecutados por orden judicial a instancias de la Junta en 2005 han supuesto un antes y un después para esos barrios. Construidos a partir de 1992, en tres fases distintas de 125, 100 y 96 viviendas sociales, los problemas de convivencia llevaron a algunos adjudicatarios legales a abandonar sus pisos. Este hecho propició la ocupación ilegal de viviendas vacías o la reventa ilícita de los pisos sociales, que incrementó la presencia de familias de distintas etnias. La denuncia que numerosos residentes legales hicieron de estas irregularidades y la pasividad demostrada por la Administración ante tales hechos llevó a Gabriel y Galán, al comienzo del siglo, a una situación de crispación social que fue 'in crescendo' hasta que la Junta optó por poner orden. En 2002 se constatan las primeras acciones contra las ocupaciones ilegales y a final de 2003, la consejera de Fomento las cifra en medio centenar.

En 2004, la concejala de Relaciones Ciudadanas califica de «insostenible» la situación de Gabriel y Galán y reconoce el grave problema de convivencia mientras siguen las ocupaciones ilegales. En marzo de ese año la Junta empieza a denunciar en lo Penal los hechos. La Policía Local vigila Gabriel y Galán para evitar nuevas ocupaciones. Los trámites siguen y a final de 2005, la Agencia de la Vivienda inicia el desalojo de 55 viviendas ocupadas, lo que provoca la crítica del socio regionalista del gobierno local que cree una irresponsabilidad los desahucios. Este organismo anuncia obras de mejora en los bloques y programas de inserción laboral y social para los vecinos de Gabriel y Galán. Paralelamente se abre el proceso de readjudicación de los pisos desocupados y rehabilitados. Las mejoras anunciadas afectan a portales, escaleras, buzones, pintado de rejería y cerrado de pasadizos, que se ejecutan, aunque los vecinos dicen que van muy despacio.

La Junta también abre oficina con asistente social en el barrio y pone en marcha el programa Renacimiento, en el que se forman 30 jóvenes en los talleres de electricidad, pintura, fontanería, albañilería y peluquería. El Ayuntamiento prevé abrir, en un mes, una ludoteca que se suma a la biblioteca de Gabriel y Galán, colabora con la casa de niños que ocupa el antiguo centro social y adecuará locales para sede vecinal.
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