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El Ayuntamiento de Tornavacas es condenado a eliminar un azud en el río Jerte
Hizo la obra en 1989 para derivar aguas para el consumo de la población
22.02.08 -

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El Ayuntamiento de Tornavacas ha perdido un contencioso que mantenía con la administración general del Estado.

El origen del conflicto es la construcción por parte del Ayuntamiento de un azud, de una presa hecha en el río Jerte con el fin de tomar agua para un fin. En este caso el azud se construyó en el año 1989, poniendo los mecanismos oportunos para derivar aguas para el consumo de la población. El Ayuntamiento hizo la obra sin tener la necesaria autorización.

La Confederación Hidrográfica del Tajo no formuló una denuncia por la construcción 'ilegal' del azud hasta el 20 de junio de 2005, y el 18 de mayo del 2006 emitió un expediente sancionador, en el que se señala que la corporación municipal tiene que reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, reponiendo las cosas a su estado anterior.

Un uso diario

La infracción imputada es la que se refiere a la derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.

El Ayuntamiento, a través de su defensa, entendía que puesto que el azud se construyó en 1989 y la denuncia se formula en el 2005, la infracción así como la obligación de restituir estaría prescrita.

El tribunal señal que no comparte esa idea. Dice que se denuncia la construcción, que esa sí está prescrita, pero también se denuncia la derivación de agua, «y es evidente que si el abastecimiento a la población se realiza desde dicho lugar, la actividad es continuada o permanente y no meramente instantánea. En consecuencia, es palmario que tal derivación se viene realizando todos los días constantemente por el propio uso de la obra, luego la acción no se encuentra prescrita».

Repara los daños

Por lo tanto al no haber prescrito se debe aplicar el artículo 118 de la Ley de Aguas que dispone que, «con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior».
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