Se trata de dos casos, de dos chalés, uno se construyó en Casas del Castañar y otro en El Torno. El Juzgado de lo Penal de Plasencia decidirá.
Piscina y barbacoa
El fiscal indica que María Alicia G. T. es propietaria de dos parcelas rústicas situadas en el paraje 'El Mesón' en el término municipal de Casas del Castañar. Una parcela tiene 2.534 metros cuadrados y otra 478.
A principios del 2006 María y su compañero sentimental Félix B. B. contrataron a una empresa para construir una vivienda unifamiliar de dos plantas, otra vivienda de una sola planta, una cochera, una piscina con depuradora, un pozo de agua y una barbacoa. Hicieron todas estas edificaciones sin tener proyecto técnico y sin licencia municipal.
Edificaron en suelo no urbanizable protegido, en el que está prohibida la construcción de viviendas salvo que estén vinculadas a usos agrícolas, ganaderos o forestales, y en tal caso sólo pueden ser de una planta con una altura máxima de 2,5 metros.
El ayuntamiento de Casas del Castañar les entregó el 6 de julio de 2007 una resolución ordenando que pararan las obras, pero siguieron construyendo.
El fiscal tiene previsto solicitar para María y Félix 2 años y 3 meses de prisión, que tiren las edificaciones construidas, y pagar 400 euros de multa.
El otro caso ha ocurrido en El Torno. Julián J. C. compró en octubre de 2006 dos parcelas rústicas situadas en el término municipal de El Torno. Una parcela tiene 4.982 metros cuadrados y la segunda 2.056. Las dos fincas están separadas por una carretera.
El 16 de diciembre Julián concertó con el contratista Jorge H. S. la construcción de una vivienda unifamiliar. Las obras comenzaron el 2 de enero de 2007.
Plantas de 176 metros
Construyeron una vivienda de dos plantas, con una superficie de 176 metros cuadrados cada una, más una terraza de 46 metros cuadrados. La casa tiene una altura total de 5,50 metros.
El chalé se hizo sin proyecto técnico y sin licencia municipal. Se construyó en suelo urbanizable protegido, en el que está prohibida la construcción de viviendas, y sólo podrían tener pequeños almacenes de materiales. Se da la circunstancia de que el lugar donde levantaron el edificio está incluido en los espacios de la Red Natura 2000, configurada por la Unión Europea.
El acusador tiene previsto solicitar al tribunal que se tire la obra construida, y que Julián y Jorge sean condenados cada uno a un año y medio de prisión y pagar 400 euros de multa. Además de inhabilitarles durante dos años para el ejercicio de la promoción inmobiliaria y de la construcción.
La fiscalía persigue actualmente con más medios los delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Cáceres desde octubre del año 2006 el fiscal Juan Antonio Galán es el encargado de los delitos de ordenación del territorio.









