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LA detención de Abdelilah Hriz en Rabat, imputado por el juez Del Olmo como uno de los autores de los atentados del 11-M y denunciado oficialmente por éste ante las autoridades marroquíes el pasado mes de diciembre, permitirá no sólo zanjar uno de los flecos que quedaron pendientes en el juicio por la masacre de los trenes sino que, además, está llamada a inaugurar una etapa de mayor colaboración entre ambos Estados en materia antiterrorista. La inexistencia de un acuerdo de extradición de nacionales entre Marruecos y España comprometía a la justicia de aquel país con el enjuiciamiento de Hriz por parte de sus tribunales. El hallazgo de restos con su perfil genético tanto entre los escombros de la vivienda de Leganés como en la finca utilizada por los yihadistas en Chinchón constituye la principal prueba que apunta a la culpabilidad del súbdito marroquí. Pero junto a ello es evidente que la vista que tenga lugar en Marruecos deberá hacerse eco de los términos en que la sentencia del 11-M describió la sucesión de hechos que desembocaron en tan indiscriminada matanza e identificó a sus responsables.

La coincidencia de la detención de Hriz con el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Corte de Apelación marroquí para la firma de un memorando de colaboración ante delitos de terrorismo resulta especialmente oportuna. Dicho memorando ofrecerá la posibilidad de que ambas instancias puedan intercambiarse información y desarrollar líneas de investigación conjuntas sin esperar a que cada parte cuente con datos o evidencias concluyentes. El escurridizo carácter del terrorismo islamista, cuyas tramas combinan actividades lícitas con propósitos letales, hace especialmente necesaria la conjunción de esfuerzos en la detección temprana tanto de sus mecanismos de financiación como de la organización incipiente de sus células. Por otra parte, la creciente amenaza que la franquicia magrebí de Al-Qaida entraña para el norte de África y la ramificación de sus relaciones por diversos países europeos convierten la participación de las autoridades marroquíes en su prevención y persecución en un requisito indispensable para estrechar el cerco al terrorismo islamista a ambos lados del Estrecho.