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Los artículos más polémicos de la ordenanza de convivencia ciudadana siguen sin aplicarse
CACERES

Los artículos más polémicos de la ordenanza de convivencia ciudadana siguen sin aplicarse

El Ayuntamiento no ha sancionado de momento a nadie por pegar carteles sin permiso ni por colocar anuncios en el mobiliario urbano Izquierda Unida exige la derogación de varios artículos de la norma, pero el gobierno del PSOE niega que amenace la libertad de expresión

CLAUDIO MATEOS

Miércoles, 16 de enero 2008, 08:51

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En octubre de 2006 varios miembros de Juventudes Comunistas fueron advertidos por agentes de la Policía Local de que serían sancionados si insistían en pegar en la vía pública carteles de propaganda. Dos meses después ocurrió lo mismo con otros jóvenes contrarios a la refinería de Tierra de Barros. Es lo más cerca que ha estado el Ayuntamiento de aplicar los artículos de la polémica Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Entorno Urbano que afectan a la libertad de expresión. En la práctica es papel mojado, ya que nunca se ha impuesto ninguna multa.

La ordenanza de convivencia, aprobada en mayo de 2006, trata de aglutinar en un solo texto todas las acciones que atentan contra la buena convivencia vecinal o la correcta conservación de los bienes comunes. Infracciones como los actos vandálicos, el vertido de residuos o la contaminación acústica ya estaban contempladas en otras normativas, si bien se incluyeron algunas nuevas, como por ejemplo la prohibición de hacer hogueras sin permiso, o todo lo relativo a las fuentes públicas, los animales y las plantas.

El Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, trató también de regular la pega de letreros y carteles y el reparto de propaganda y publicidad, pero al tocar con ello una tecla tan sensible como el derecho a expresarse libremente, enseguida se topó con el rechazo de varios colectivos que se agruparon en la llamada Coordinadora Ciudadana por la Libertad de Expresión. Sus protestas, apoyadas por Izquierda Unida, lograron que el texto final de la ordenanza suavizase algunos de sus artículos. Se permitió la pegada de carteles, siempre que fuese con permiso, y se eliminó la prohibición de repartir octavillas por la calle cuando se entregan en mano y no son arrojadas desde vehículos.

Pero ni Izquierda Unida ni los colectivos ciudadanos se dieron por satisfechos. Estos últimos denunciaron la actitud de la Policía Local por intentar impedir la pega de carteles por parte de jóvenes comunistas y contrarios a la refinería, pero no la de otro tipo propaganda.

Aquellos fueron los únicos incidentes relacionados con la ordenanza de los que se tiene noticia. Después llegó la manga ancha, sin denuncias ni sanciones, aunque la paredes, los semáforos y las farolas de Cáceres siguen llenos de letreros y carteles de todo tipo. Las prohibición permanece en vigor, pero no se aplica.

Derogación

El Consejo Político Local de Izquierda Unida aprobó la semana pasada una propuesta para derogar la ordenanza. El concejal de IU en el Ayuntamiento y primer teniente de alcalde, Santiago Pavón, matizó ayer que lo único que ha hecho su formación política es recordar uno de los pactos de gobierno alcanzados con el PSOE tras las elecciones, por el cual ambos partidos se comprometían a revisar el contenido de esa normativa.

Santiago Pavón considera que las modificaciones introducidas en la ordenanza no bastan y que ésta debe ser derogada, al menos los artículos que, según su criterio, ponen límites a la libertad de expresión, como el que obliga a pedir permiso para pegar carteles. «Es evidente que no deben pegarse en edificios particulares o protegidos, pero en el resto no veo la necesidad de tener que comunicarle nada al Ayuntamiento», señaló el edil, quien también considera excesivos los requisitos que se exigen a los convocantes de concentraciones y manifestaciones públicas.

Pero el gobierno municipal socialista no lo tiene tan claro. El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, recordó que el PSOE votó en su día a favor de la ordenanza porque, a su juicio, no representa ninguna amenaza para la libertad de expresión, sino que se limita a defender el correcto uso de los bienes públicos. Opina por lo tanto que «se puede ejercer la libertad sin necesidad de ensuciar las calles», y que los controles establecidos en la norma municipal no van encaminados más que a evitar suciedades y destrozos.

En cualquier caso, Carlos Jurado se mostró dispuesto a dialogar, y pidió a IU que concrete su propuesta y diga exactamente cuáles son los cambios que quiere introducir en la ordenanza.

Por lo demás, el texto aprobado en 2006 establece sanciones para casi todos los casos posibles de comportamiento incívico. Como norma general consagra la obligación de todos los ciudadanos de respetar la convivencia y la tranquilidad del resto de los vecinos, así como de utilizar los bienes y servicios públicos de acuerdo al fin con el que fueron creados.

Relación minuciosa

Después desciende al detalle, y especifica los comportamientos que quedan expresamente prohibidos. Como se ha dicho, dedica apartados a la contaminación visual, el reparto de propaganda o la pegada de carteles, pero también a los establecimientos públicos, los fuegos de artificio y actividades pirotécnicas, hogueras y fogatas, contaminación acústica, fuentes públicas y vertido de residuos y escombros. Además, se establece una especial protección para las plantas de los parques públicos y zonas verdes, y para los animales.

La ordenanza incluye un régimen sancionador para las infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden llegar a los 3.000 euros.

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