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Un jornalero, vendimiando un racimo de uvas tintas.|HOY
Extremadura salva las ayudas que recibe su sector vinícola al menos hasta 2013
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Extremadura salva las ayudas que recibe su sector vinícola al menos hasta 2013

Las subvenciones que se dan a las destilaciones para licores se prorrogan cuatro años y la liberalización de plantación de vides se aplaza hasta el 2018. El arranque de cepas deja de ser un eje central y se limitará al 10% de cada región

L. EXPÓSITO

Miércoles, 26 de diciembre 2007, 12:35

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Al final, la reforma no era tan fiera como la pintaban. Los ministros de Agricultura de la UE acordaron al mediodía de ayer un cambio en el marco de ayudas al sector del vino mucho más propicia de lo que parecía hace unos meses.

Al final no ha habido reuniones hasta la madrugada del último día ni amenazas de veto, al menos que se sepa. Las negociaciones han sido duras, pero no han llegado a los niveles que presidieron los cambios en los cultivos mediterráneos, hace ya casi cinco años.

En líneas generales, el acuerdo rebaja con mucho las pretensiones de la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, y mantiene gran parte del actual marco de ayudas durante cuatro años. Como quiera que la reforma entrará en vigor un año más tarde de lo que parecía seguro -lo hará en agosto del 2009-, el mantenimiento de las subvenciones parece asegurado al menos hasta el año 2013.

Además de los aspectos generales que afectan a toda España, para Extremadura es especialmente interesante el mantenimiento de las ayudas a la destilación de vino para obtener alcohol con destino de uso de boca.

Con este mecanismo de control del mercado, se conseguía desviar una parte importante de vino, especialmente blanco. Con ello se conseguía paliar uno de los principales problemas que tiene el sector en Extremadura, la sobreproducción. Bajo el eufemismo de 'periodo transitorio', se mantienen las ayudas, con la diferencia de que el dinero será recibido por los agricultores. Hasta ahora, cobraban los industriales, que luego lo repercutían en el precio final del producto que pagaban a los productos. Se calcula que entre un 25% y un 35% de la producción total de Extremadura tiene este destino, lo que genera unas ayudas de más de 20 millones de euros cada año.

De la misma manera, también se prorrogan la situación para las ayudas a la destilación de crisis, cupos especiales que se destilan bajo autorización para eliminar grandes cantidades de excedente, y para la elaboración de mosto.

En todo caso, serán los estados miembros los que deberán sufragar estas ayudas sacándolas de sus presupuestos, también llamados sobres nacionales. También tienen la potestad de acabar con estas ayudas antes del 2013.

Una vez que acabe este plazo, esta ayuda a la destilación se desacoplará. Es decir, que en vez de recibir una cantidad por cada kilo de producto que se envía a destilar, se cobrará en función de unos derechos históricos, con independencia de que se abandone el cultivo o no. Se trata de una modalidad de ayuda que se está imponiendo en el resto de los cultivos.

También se permitirá financiar con los sobres nacionales un pago único desvinculado a la producción que los gobiernos podrán otorgar «a su discreción», siempre que sea también en base a criterios objetivos y no discriminatorios.

En conjunto, España ve satisfecha una de sus principales demandas, el mantenimiento de su presupuesto para hacer frente al pago de las ayudas. Contra lo que se pensaba, se mantiene como el país que más dinero recibe, superando la barrera de los 400 millones de euros. Esta era la cantidad que el Ministerio se había marcado como barrera para vetar cualquier acuerdo.

Con estas cifras, parece seguro que Extremadura mantendrá los cerca de 40 millones de euros que recibía cada año para este sector agrícola. Los dos capítulos principales en los que se gastaba todo ese dinero era la citada destilación y las ayudas a la reconversión del viñedo. Bajo este concepto se viene ayudando desde hace años a que los productores modernicen sus variedades, normalmente arrancando viñas de uva blanca para plantarlas de tinta. Por lo que ha trascendido, estas ayudas también van a mantenerse en un futuro.

Derechos de plantación

De esta forma, y como se esperaba, Europa asumió una reforma desposeída de los elementos más controvertidos que la caracterizaban cuando fue presentada a mediados de año.

A España el acuerdo le va a permitir, según diversas fuentes, profundizar en la modernización del sector, facilitar su penetración en mercados en los que se encuentra actualmente ausente, financiar una retirada de agricultores con viñedos escasamente rentables y mantener temporalmente un esquema de subvención de excedentes que la Comisión juzgaba hace apenas medio año no sólo obsoleto, sino injustificado.

El acuerdo responde a un cambio de filosofía absoluto respecto a las propuestas iniciales de la Comisión. Ya no se trata de recortar la oferta mediante un arranque primado de 400.000 hectáreas de viñas; tampoco de las 200.000 a las que había quedado circunscrita su última propuesta.

Serán 175.000 las hectáreas de viñedo que podrán levantarse de los suelos europeos, con financiación europea y durante un periodo de 3 años. Las primas serán mayores para quien se apresure más y se dará preferencia a los mayores de 55 años y a las explotaciones que se abandonen en su totalidad. Los países pueden parar el arranque si supera el 8% de la extensión nacional de viñedo; una región puede frenarlo si rebasa el 10%. La ministra Espinosa considera que esta medida dejará de ser un eje central de la reforma para pasar a ser una «medida de carácter social».

Libertad para plantar

Otro aspecto muy conflictivo de la reforma, el referido a la liberalización de plantaciones, ha quedado diluido hasta tal extremo que no guarda ninguna semejanza con lo que la Comisión proponía. En realidad, esa liberalización no tendrá lugar hasta 2015, y los Estados miembros o sus regiones -comprendidas en tales los Consejos Reguladores- podrán retrasarla hasta 2018.

En cuanto a la promoción, el acuerdo indica que no se reservará un presupuesto separado para la promoción en países terceros y se permitirá incluir en el etiquetado de los vino europeos de mesa la variedad de uva y la añada, algo que, según explicó Espinosa, marca la diferencia y hace que los consumidores se inclinen por un vino de un país tercero, con estas indicaciones, que por uno producido en la UE. La ministra anunció que España destinará 32 millones de euros anuales a la promoción del vino. Sin embargo, el sector español quería que también se pudiera promocionar dentro de la Unión.

Manifestó también que España continuará siendo el mayor perceptor de fondos comunitarios con la reforma. La Comisión, por su parte, reconoció que el acuerdo no satisface sus expectativas, y que continuará buscando una reforma más acorde con las necesidades del sector.

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