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La Junta de Andalucía firma hoy con el Gobierno de la nación el «acuerdo político» para el traspaso de las competencias sobre la gestión de las aguas del río Guadalquivir a su paso por la comunidad.

La firma tendrá en el parador de Cazorla (Jaén), donde se reunirá la comisión bilateral Estado-Junta, presidida por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Junto a la cuenca del Guadalquivir, ambas administraciones abordarán el estado actual de su cooperación, según informó el Ministerio por su lado.

Polémica

Este es uno de los apartados del Estatuto andaluz que más polémica ha creado. Concretamente el artículo que lo contempla, el 501, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 5 de junio por la Junta de Extremadura, que estima que las competencias exclusivas de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio «incumple» la Constitución.

Desde la Junta de Andalucía se venía manifestado que la transferencia de competencias exclusivas de las aguas del Guadalquivir que discurren por Andalucía se iba a hacer efectiva, previsiblemente, el 1 de julio de 2008, a través de la publicación de un decreto. Por eso, ayer, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mostró su satisfacción por el adelanto de este plazo de «poco más de seis meses» desde la publicación del Estatuto de Autonomía, lo que supone en su opinión un «tiempo récord».

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, explicó el pasado día 4 que la Junta ya ha pactado con el Estado seis puntos fundamentales para el acuerdo de traspaso, como son: los referentes a planificación hidrológica, usos concesionarios del agua, infraestructuras, inversiones, participación pública y dominio público. Además, apuntó que todos ellos son aplicables fácilmente al resto de comunidades autónomas. Respecto a la planificación hidrológica, también indicó que ésta será aprobada por el Estado mediante una ley, -tal y como establece el artículo 149 de la Constitución-, si bien agregó que la Junta colaborará en dicha planificación. A su vez, la Administración autonómica asumirá íntegramente los usos concesionarios del agua y el dominio público. Las infraestructuras y las inversiones corresponderán a la Junta, -a excepción de aquellas de interés general o que ya hayan sido comprometidas por el Estado-.

Por otro lado, Coves recordó que la transferencia de competencias exclusivas de las aguas que discurren por el Guadalquivir, supondrá que la Junta no gestione los embalses de Fresneda y Montoro (situados en Castilla-La Mancha) y El Pintado (ubicado en Sevilla pero cuya cola se encuentra en Badajoz), que seguirán siendo gestionados por el Estado.

Enfrentados

El Gobierno andaluz pone especial énfasis en que el articulado del Estatuto es muy claro cuando dice que la Junta de Andalucía ostenta las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio «y no afectan a otra comunidad autónoma».

Sin embargo, el Ejecutivo extremeño lo ve diferente. Juan Carlos Rodríguez Ibarra antes y Guillermo Fernández Vara ahora han indicado que la Constitución es muy clara cuando determina qué materias son exclusivas del Estado. Dentro de ellas, engloban «la ordenación de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma».

Aunque la cuenca transcurre por los términos municipales de siete poblaciones extremeñas (Fuente del Arco, Malcocinado, Valverde de Llerena, Montemolín, Puebla del Maestre, Azuaga y Monesterio), y toca en parte a otras trece, ninguna de estas poblaciones se sirve del Guadalquivir para abastecimiento poblacional. Se puede decir que 'beben' del Guadiana. El agua del Guadalquivir es para uso agrícola o industrial básicamente.