Todavía quedan en pie entre 100 y 150 edificios afectados por la riada que esperan su demolición

La riada afectó a 1.200 viviendas en la noche del 6 de noviembre de 1997. Diez años más tarde, quedan en pie entre 100 y 150 casas pendientes de ser derribadas.

Hoy, la Junta Local de Gobierno aprobará una partida superior a los 120.000 euros para proceder a las demoliciones de varias casas. A excepción de pocos locales comerciales dependientes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento es la administración que todavía negocia con los vecinos la compra de las casas en ruinas para demolerlas y ceder los terrenos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana con el fin de que pueda culminar su proyecto. El Ejecutivo central está rematando la expropiación de las viviendas afectadas ubicadas junto a esos cauces, según dijo la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, y recogió Efe, así como ultima el acondicionamiento de los arroyos Rivillas y Calamón.

Desde el Consistorio apuntan a que el desacuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento por el precio de venta de las viviendas ha retrasado las demoliciones que les corresponden. Si el acuerdo no llega, el Consistorio se ve obligado a expropiar las casas para poder derruirlas.

El alto coste de las demoliciones es otro de los motivos por los que se retrasa el derribo de las ruinas de aquella noche que cambió la vida de los vecinos de Cerro de Reyes.

No en vano, el Gobierno local ha invertido seis millones de euros en las demoliciones, pero necesita todavía algo más de siete millones para hacer desaparecer los fantasmas de la riada que en forma de casa recuerdan cada día la tragedia.

En pie por la pasta

La concejala de Urbanismo en los tiempos de la riada, Cristina Herrera, explicó que hasta el día en que ella fue responsable de este área (el 16 de junio) los vecinos retrasaron el acuerdo con el Ayuntamiento porque pensaban que «con el PGM podrían tener una mejor venta», dependiendo de si el solar sobre el que se levantaba su vivienda quedaba como suelo rústico o urbanizable.

Por ello, la ex concejala opinó que una vez que el PGM esté en vigor los propietarios tendrán claro qué valor tienen sus terrenos y propiciarán el acuerdo.

La ex concejala recuerda que tiraron inmediatamente todos los edificios que suponían peligro y otras que se derribaron conforme sus huéspedes se realojaban. Los propietarios de otras casas llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero todavía quedan dueños pendientes del pacto y cuyas casas siguen en pie.

La concejala recordó además que no todos los terrenos serán cedidos a la Confederación (los terrenos que necesitaba para actuar) y otras que quedan tras una línea para zonas verdes que dependerán del Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde, José Antonio Monago, explicó que los procesos de expropiación son lentos y que por este motivo el Ayuntamiento no se aventura a determinar una fecha para concluir las demoliciones de edificios.