Tras reunirse con la consejera de Educación, Blanco explicó que si un profesor agredido presta sus servicios en un colegio público, podría ser considerado como un atentado a funcionario público, tal como se recoge en el Código Penal. Este parece ser el caso de los hechos ocurridos ayer en Navalmoral de la Mata.
En cambio, aseguró que los delitos cometidos contra docentes que trabajan en centros privados no tendrían la condición de atentado, sino la de lesión o coacción.
De esta manera, matizaba las informaciones que tenían los sindicatos profesionales. Estos, tras mantener un encuentro con el fiscal de la Audiencia de Badajoz días antes, aseguraban que estos hechos iban a ser considerados por sistema como atentado contra la autoridad. Este criterio hubiera significado que cualquier amenaza a un profesor, de un centro público o privado, fuera considerada como delito, con penas de entre 1 y 3 años de cárcel según el artículo 551 del Código Penal, lo que les equipararía con un policía, por ejemplo.
Por el momento, no se conoce el número exacto de profesores que sufren amenazas o agresiones. Sí que hay encuestas aproximativas. El año pasado, el sindicato CSIF-CSIF encuestó en la región a 1.344 profesionales, de los que 468 daban clase en Primaria y 876 en Secundaria. Ante la pregunta de si han sufrido agresiones físicas, el 12% de los profesores de Secundaria aseguró que sí. En el 80% de los casos, los agresores eran los alumnos, el 17% los padres y el 3% otros profesores. En Primaria las agresiones descendían: sólo el 6% de los maestros dicen haber sido agredidos físicamente.
Con miedo
Más datos. En Extremadura el 9% de los profesores de Educación Secundaria afirmaban que tenían recelo o miedo a la hora de entrar en clase. Sin embargo, estos datos son llamativos, pero menos que los nacionales. El 15% de los profesores españoles de Secundaria aseguraba que ha sido agredido físicamente, y el 13% incidía en que sentía miedo al entrar en clase.









